Esta violencia de Estado es la que ha

Esta violencia de Estado es la que ha propiciado 79,000 homicidios registrados en los últimos seis años y un promedio de 33 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2008; de ahí que todos los medios de información caricaturicen cp-690550 Centroamérica como “la región más violenta del mundo” (Gabriel, 2010). Al respecto, Serrano y López (2011) señalan que en tres países —El Salvador, Guatemala y Honduras— los índices de crimen y violencia se encuentran entre los tres más altos de América Latina. En los demás países de la región —Costa Rica, Nicaragua y Panamá— los niveles de crimen y violencia son significativamente menores, aunque registran un aumento sostenido de los índices de violencia en años recientes. Para dimensionar estas cifras y descentrarlas del uso justificativo de la urgencia de planes securitarios regionales hay que decir que El Salvador tiene el índice de homicidios más alto de América Latina (58 por cada 100,000 habitantes) y que, junto con Guatemala y Honduras —con índices de homicidios de 45 y 43 por cada 100,000 habitantes, respectivamente—, se encuentra entre los primeros cinco del continente. El índice de homicidios para Centroamérica en general es de 35.4 por cada 100,000 habitantes, demasiado alto comparado con el promedio para toda América Latina, que es de 20 por cada 100,000 (Serrano y López, 2011). El fenómeno desencadena, por ejemplo, la violencia juvenil y la de los denominados “maras”, jóvenes de entre 15 y 34años de edad que constituyen la abrumadora mayoría de las víctimas de homicidio; las bandas de maras están conformadas en su mayoría por hombres, aunque no de forma exclusiva. Esta doble realidad —la de que los jóvenes ejercen la violencia y son además sus principales víctimas— ha sido abordada por los estudiosos de la juventud, que la han nombrado como “juvenicidio”, una hipótesis que pretende explicar por qué existen más de 900 bandas de maras que operan en Centroamérica, con un estimado de 70,000 integrantes (Escobar, 2008). Estos “índices de violencia y criminalidad” —como se les llama en la literatura hegemónica— se explican por la disponibilidad de armas de fuego, que a su vez ocurre por dos razones: las guerras civiles posteriores al sueño de liberación nacional en la región y, sobre todo, el aumento en la importación de armas en los años posteriores. Ambas causas tienen literalmente “armadas hasta los dientes” las máquinas de guerra de los Estados necropolíticos centroamericanos. Finalmente, la violencia en Centroamérica, más allá de los índices que hasta ahora se han abordado al respecto, se explica por la “salida del Estado” de la que habla Mbembe cuando caracteriza los Estados necropolíticos. En Centroamérica se carece de una estructura judicial que procure justicia; los crímenes regularmente permanecen impunes y la mayoría de los casos denunciados se pudre en el olvido; literalmente, los expedientes judiciales, mal construidos, quedan archivados. Por ejemplo, en 2006 en Honduras se presentaron 63,537 denuncias penales, de las cuales 49,198 se remitieron a periosteum investigación y solamente 1,015 terminaron en condena. Si a ello sumamos el amplio número de crímenes o sucesos violentos que no son denunciados por los hondureños —tal y como sucede en México— porque se tiene la certeza de que es más peligroso apelar a las instituciones de justicia que no acudir a ellas, la cifra real de crímenes resulta descomunal. La suma de impunidad, omisión, descrédito, hacen de las instituciones encargadas de la impartición de justicia en la región entes fantasmales, en el mejor de los casos, y en buen número de realidades, filosos tentáculos del “crimen administrado por el Estado”. ¿Qué implicaciones tiene esta realidad para la población en general en Centroamérica? Nos interesa recalcar, por todo lo anteriormente descrito, que la migración representa para las poblaciones consideradas desechables una fuga, la alternativa para ejercer el derecho a una vida “vivible”. Y es que, según un informe del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), en Centroamérica la violencia extrema de la criminalidad, combinada con lo que Mbembe llama gubernamentalidad necropolítica, degenera en un acoso permanente hacia la población. Lo que a su vez nos obliga a pensar el tránsito de centroamericanos como un fenómeno de expulsión forzada.